Abril de 2017

Este nuevo número del suplemento contiene, en lo que hace a los aportes de doctrina, artículos de Kevin D. Killian y Juan Pablo Borzani.

 

Killian analiza la recientemente derogada IG 2/2012 y su relación con el respeto del derecho al debido proceso legal, como garantía de todo sistema de protección de derechos humanos vigente, en este caso, para los procedimientos aduaneros en particular.

 

Por su parte, Borzani examina la práctica diaria de las exportaciones de granos en nuestro país, la cual deviene, en los hechos, en potenciales encuadres infraccionales aduaneros, en relación a la cantidad exportable registrada y su cumplimiento, que, atendiendo a sus implicancias y particulares características, no pueden ser desconsideradas por quienes de alguna manera – ya desde la parte productiva o bien a la luz del estudio del derecho – intervienen en su quehacer cotidiano.

 

En el apartado de jurisprudencia nacional se incluyen sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Alcatel, La Mercantil, E. John, Rush, New Importing, ACCA y SECIN), de la Cámara Federal de Casación Penal (JBJ) y de la Cámara Federal de San Martín (Maruba).

 

En la sub sección dedicada a fallos importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a cargo de Mariana Peña de Pinon (con la colaboración de Florencia Leonardelli y Antonia Díaz de Valdez), se incluyen cuatro sentencias actuales, a saber: Wortamann (sobre la obligación de establecer el pago de intereses a favor de una empresa a la que se le cobraron derechos antidumping que fueron considerados contrarios al derecho de la Union), Interservice (sobre el concepto de transportista y sus obligaciones aduaneras), Veloserviss (sobre el concepto de buena fe y confianza legítima del importador de mercaderías provenientes de Estados terceros cuyos certificados de origen no fueron expedidos conforme al derecho de la UE) y Ultra-Bag (sobre el concepto de deudor en el caso de mercancía introducida irregularmente en el territorio de la Unión y la responsabilidad que le cabe a la empresa importadora por el actuar de un empleado).

 

Entre los proyectos, normas y otros documentos, se incluyen, entre otros, actas de órganos del MERCOSUR y normas de Brasil, Chile y Paraguay.